Frágmento del documental de Alberto Vázquez donde se recogen testimonios del asalto a la comisaria.
En un acertado empeño por
preservar la memoria histórica de las luchas obreras en Asturias, y en la
península en general, la revista crítica asturiana Atlántica XXII en su número 38, publica un artículo titulado “El
día que las gorras volaron”, acercándonos a un episodio singular de las luchas
mineras durante la Dictadura. El pasado marzo se cumpliría medio siglo del
asalto a la comisaría de Mieres protagonizado por un millar de mineros, familiares
y vecinos con el fin de liberar a un compañero detenido en el transcurso de una
jornada de protesta. Un efímero episodio que, a pesar de ello, se torna
transcendental visto cinco décadas después, al revelarse como uno de los
primigenios estallidos sociales que servirían, alguna forma, como catalizadores
de una regenerada clase obrera dispuesta a plantar cara al Régimen. Considerado
uno de los primeros actos populares masivos y violentos contra las fuerzas de
seguridad desde la Guerra Civil, servirán de preludio para una última década de
dictadura que vería surgir en su seno un potente movimiento obrero
autoorganizado y combativo.
Asturias vendría siendo señalada
por la reacción como zona de especial
conflictividad, lo que se traduciría en un continuo empeño de control y
vigilancia de los sectores potencialmente peligrosos para el Régimen. Entre los
golpistas existía una opinión bastante extendida que señalaba directamente la
Revolución del 34 asturiana como el verdadero inicio de la rebelión obrera en
España, y la consecuente Guerra Civil. Tras el conflicto, y la derrota de
Asturias aislada del resto del bando antifascista en mayo del 37, se iniciaría
una brutal y salvaje represión con un único y primordial objetivo, el
escarmiento y venganza hacia la resistencia asturiana. Declarada como zona de
guerra, incluso hasta algunos años después del final de la contienda, se
iniciaría una permanente militarización de la región, asentando numerosos
destacamentos del ejército y Guardia Civil con el único fin de erradicar
cualquier foco de rebelión en la zona. Fosas, ajusticiamientos, paseíllos,
desaparecidos y encarcelados barrerían durante años hasta el último rincón
asturiano, dejando el terrible saldo de al menos 20.000 asesinados por el
franquismo oficialmente recogidos con nombres y apellidos, que se estima
podrían llegar a ser realmente alrededor de 35.000. Prácticas que incluían, por
ejemplo, la quema de personas vivas o el agarrotamiento de los condenados de
forma pública en plazas ante la mirada cómplice de sádicos asistentes
falangistas, caciques, curas y beatos. La declarada como operación de limpieza
asturiana abriría miles de consejos de Guerra y cárceles o campos improvisados
por toda Asturias.
Sin embargo, el foco asturiano, y
en concreto el siempre combativo sector minero, continuarían siendo un
importante quebradero de cabeza para el Régimen. Entre movilizaciones,
encierros y protestas, particularmente en los años 57 y 58, finalmente
estallaría la huelga de la minería en otoño del 62. Aún ilegales, sería una de
las primeras huelgas con participación y repercusión masiva en España, mostrando
un ejército de 50.000 mineros como la
fuerza obrera más combativa y preocupante para el Régimen. . Un auténtico desafío
al orden franquista que sería brutalmente reprimido, incluidos no sólo los
propios mineros y trabajadores participantes en la huelga, sino sus familiares,
amigos o cualquier al que pudiera achacársele la más mínima relación o simpatía
con estos. El clima de enfrentamiento permanecería a lo largo de todo 1963, y
se incrementaría más aún con el despido en 1964 de 450 mineros por su actividad
política y sindical contra el Régimen. Condenados, además, a no poder ser
contratados por ninguna otra empresa, los mineros y familiares crearían los
llamados Fondos de Resistencia de Solidaridad Obrera, únicos medios de subsistencia
de los despedidos gracias a la aportación de sus compañeros.
Tras varias asambleas previas,
convocadas por la Comisión de Despedidos de la Huelga, convendrían la
celebración de una gran manifestación en Mieres para el 12 de marzo del 65
exigiendo la readmisión de los compañeros. Precisamente, serán es estos
primeros años de conflictividad minera tras la guerra, donde se desarrollará
una novedosa forma de organización, las llamadas Comisiones Obreras,
gestionadas por los propios trabajadores desde la base al margen del Sindicato
Vertical, hasta ese momento único organismo legal de reclamación obrera,
obviamente vinculado con el Régimen. Estos consejos u estructuras, surgidos de
forma espontánea, y casi natural, fruto de la necesidad de los
trabajadores de poner en común sus luchas, objetivos, fuerzas y estrategia,
tendrían su primera expresión en la mina de La Camocha, Gijón, en 1957,
curiosamente formada, entre otros, por el falangista y ex combatiente de la
División Azul Gerardo Tenreiro. Lejos de la anécdota, la importancia de la
aparición de las Comisiones comenzaría al convertirse algunas de ellas, creadas
en los pozos de forma puntual ante determinados conflictos, en estructuras
permanentes en las que los trabajadores encontrarían la capacidad de gestionar
sus propias luchas sin intermediarios y al margen del control franquista. Las comisiones
y las asambleas se extenderían poco a poco al resto de tajos, permitiendo la
restructuración del movimiento obrero y haciendo factible los años dorados de éste,
al final del franquismo y principio de la monarquía. Por supuesto, el devenir
de buena parte de esas comisiones provocaría su instrumentalización e
institucionalización por determinados sectores que terminarían por consolidar
el sindicato del mismo nombre con ya escasa relación con su origen, sin que por
ello no se otorgue el merecido reconocimiento de la repercusión de su
nacimiento en el seno del movimiento obrero autónomo y asambleario ibérico.
Situándonos, en la mañana de los hechos,
Mieres inicia la jornada plagada de pequeños grupos reunidos en bares, calles y
plazas a la espera de la señal convenida para comenzar la manifestación ilegal.
Las autoridades ya se encontraban desde hace tiempo prevenidos y una sección de
la Policía Armada y la propia Guardia Civil de la localidad permanecen
acuartelados a la espera de órdenes. Al lugar se desplaza el jefe de la Brigada
Político Social en Asturias, Claudio Ramos, personaje conocido y odiado entre
los trabajadores, promotor de métodos de tortura y represión en la policía
asturiana. Su presencia se considera toda una provocación. Con las primeras
movilizaciones, al desplazarse los grupos hacia la Casa Sindical, será
detenido, durante un encontronazo con inspectores de la policía al intentar
evitar la detención de un compañero, José Ramón Fernandez Alvarez Teverga,
uno de los despedidos en 1964. También llegan las noticias de la detención de
los principales miembros de la comisión organizadora de la manifestación a
primera hora de la mañana, calentando aún más los ánimos.
A las 15:30, alrededor de un
millar de personas desafían al régimen en los alrededores de la susodicha Casa
Sindical, algunos llegados en autobús desde localidades cercanas a pesar de un
fuerte dispositivo policial para tratar de impedirlo. Al llegar la Policía
Armada, los manifestantes entrarán en tropel en el edificio, donde, tras
encendidas proclamas, muchas de ellas de las mujeres de los despedidos (no en vano, las mujeres
adquirirían una labor principal desde la huelga del 62 al situarse en primera
línea de las movilizaciones mineras), se acordará unánimemente el asalto a la
comisaria para liberar a Taverga y
los demás detenidos, que se creen encerrados en ésta. A ellos se unen grupos de
estudiantes que calientan el ánimo insultando a la policía. De paso, los
manifestantes harían una breve visita al Cabo Blanco, jefe de los municipales y
famoso por su afición al golpe fácil, encerrados en el ayuntamiento. La
muchedumbre llegará finalmente a la comisaria, en cuyo interior únicamente se
encuentran dos inspectores y un policía armado que defenderá la puerta a
porrazo limpio de los intentos de asaltar el edificio. A toque de silbato
llegarán las primeras cargas desde el exterior. Apenas doce minutos durará la
reyerta que pronto tomará cariz de alboroto transformándose en una batalla
cuerpo a cuerpo a puñetazo limpio. Decenas de manifestantes ensangrentados
tirados por el suelo y todo tipo de pertenencias policiales, incluidas gorras,
relojes, trozos de uniforme… sería la imagen final tras conseguir hacer
retroceder a los vecinos. Algo después llegarán refuerzos de Oviedo, que aún
tendrán tiempo de repartir algunos golpes entre los grupos dispersos por el
pueblo.
Taverga, ajeno a lo ocurrido, será liberado a las cuatro de la
madrugada, impresionado por la imagen de cristales rotos, piedras y palos
dispersos por los alrededores de la comisaria, sin ser consciente de los
sucesos que su detención había desencadenado. Al día siguiente comenzarán las
detenciones, sobre todo gracias a las listas de los muchos heridos que tendrían
que acudir a la Casa de Socorro. Ramos y los suyos harán gala de su fama durante los
interrogatorios donde los detenidos sufrirán todo tipo de vejaciones y
torturas. Algunos de los más activos durante la protesta tendrán que huir al
exilio, incluso algún familiar o amigo acusado de protegerle.
Los mandos y varios agentes que
intervendrían en la actuación policial serán posteriormente condecorados,
presentados como victoriosos por su capacidad de resolver la complicada
situación. Sin embargo, a pesar de la derrota física, por otra parte lógica
ante la desproporcionada descompensación de fuerzas, muchos considerarían la
jornada y el asalto como una autentica victoria moral. Si bien contrasta la
repercusión del suceso dentro de Asturias, donde muchos, por un momento,
creyeron incluso ver los primeros indicios de la caída del Régimen, éste supo
hacer pasar desapercibida la noticia en el resto del Estado. Por tanto,
seriamos ingenuos si habláramos de aquella jornada como impulsora de un cambio,
pero sí que, de alguna manera, supuso el primer acontecimiento rastreable donde
vislumbrar un cambio de actitud emergente. Un paso ineludible de la España del
miedo y del silencio hacia los años de las huelgas, las protestas y los
abiertos enfrentamientos contra el franquismo por parte del pueblo. Aquel aparentemente
intrascendente desafío marcaba el comienzo de la agonía del Régimen que aún se
mantendría durante una década. Una década, eso sí, marcada por centenares de
movilizaciones obreras, vecinales, estudiantiles y sociales. La imagen de la
España unida se tambaleaba, mostrando, cada vez con mayor descaro, evidentes y
clamorosas reivindicaciones por todos los rincones.
Durante algo menos de un mes, el
clima en la región permaneció tenso, estallando pequeños conatos de
movilización en distintos puntos, todos ellos rápidamente reprimidos por la autoridad.
Brigada Social, Ramos y los suyos se cuidarán de aplacar cualquier conato de
reunión, propaganda o protesta, así como de perseguir a posibles agitadores ya
conocidos por su actividad, muchos de ellos, de nuevo, sistemáticamente
torturados o empujados al exilio. Muchos de los represaliados no conseguirían
ser readmitidos hasta los encierros en el Pozo Llanes de 1967, y, en cualquier
caso, no verían restituidos completamente todos sus derechos hasta la
aplicación del Real Decreto ley sobre Amnistía de 1976.
Afortunadamente, éste y otros
muchos episodios de la historia y testimonios asturianos, han sido ampliamente
recopilados por el ilustrador y documentalista de Mieres Alberto Vázquez en el
compendio de seis documentales titulado “Poca ropa, la llucha contra la
dictadura franquista en Mieres” (2008), dividiendo el material audiovisual
entre diferentes temáticas como la revolución del 34, el 36, la guerrilla, la
memoria, las huelgas…
A lo largo de los años de
dictadura, tras la cruel venganza ejercida sobre los vencidos, se grabaría
sobre Asturias y los asturianos, especialmente golpeada como “nido de
insurgentes” aunque obviamente no de forma exclusiva, una memoria negra donde
lúgubres comisarías y oscuros personajes se implantarían en la memoria colectiva
con temor. Recientemente, ha salido a la luz personajes como Antonio Gonzalez
Pacheco, alias Billy el Niño, como exponentes de esa salvaje autoridad en la
sombra, y de sus prácticas crueles y abusivas, que la memoria colectiva siempre
ha recordado. Gonzalez pasaría también por Asturias entre el 74 y el 75, famoso
en el lugar por correr el rumor de que en una ocasión llegaría a sacar su
pistola en el transcurso de una manifestación, pero no sería ni de lejos el que
más calaría en el recuerdo. Ya mencionamos a Claudio Ramos, responsable final
de las torturas y prácticas contrainsurgentes de los años más duros, el comisario
jefe en Asturias de la BPS (Una BPS, por cierto, creada en 1941 tras la
instrucción proporcionada a los agentes españoles por el oficial de las SS y la
Gestapo Paul Winzer). O su mano derecha y autentico ejecutor, Ramos no solía
mancharse las manos en estos menesteres, el Inspector de la BPS Pascual Honrado
de las Fuentes, una autentica bestia capaz de derribar a un prisionero de un puñetazo
en el hígado. Muchos de ellos camparían a sus anchas por el régimen practicando
todo tipo de tropelías desde ya los años 40 hasta su misma jubilación.
Personajes como El Amarillo, El Canario, El Sevilla, Garrido… o algunos de los
más veteranos como Sandoval, Severino, Buznego… que forman parte de esa memoria
negra. A su vez, se encargarían de enseñar a sus pupilos y sucesores que actuarían a
placer, particularmente en los oscuros años del ocaso del franquismo y durante
la Transición convenientemente silenciada u olvidada en ciertos aspectos.
Torturas, registros, palizas que sustituirían como métodos favoritos a los
viejos de postguerra, como las descargas
eléctricas o colgar al detenido de los brazos durante días, aunque sin
olvidarlas completamente.
De nuevo, Atlántica XXII, en su
número 33, publicaría un amplio dossier sobre los torturadores en Asturias, y
su impunidad con el paso del tiempo. Desde 2010 existe abierta en un juzgado
argentino la única causa en el mundo contra los crímenes franquistas, desde la
que se ha pedido la inmediata detención y puesta ante la jueza de 19 cargos de
la dictadura. Sin embargo, España se ha negado tajantemente a la extradición de
éstos, además de obstaculizar permanentemente cualquier investigación al
respecto. Incluso la propia ONU ha tenido que dar un toque de atención al
gobierno español recordándole su obligación de cooperar en la investigación de
cualquier crimen de lesa humanidad, en concreto los cometidos por el
franquismo. Y es que la realidad evidencia que al llegar la democracia, no sólo
no se depuro a los maltratadores y franquistas de los cuerpos de seguridad,
sino que muchos de ellos fueron “premiados” con ascensos y promociones
profesionales durante los gobiernos de UCD y PSOE.
El propio Pascual Honrado,
autentica bestia negra de los antifranquistas, figura como encausado en el
proceso iniciado por la jueza argentina María Servini. A pesar de todo, éste
fue condecorado en varias ocasiones y llegó a ser Comisario de Avilés. El otro
asturiano que aparece en la causa por crímenes contra la humanidad es el
Teniente Coronel de la Guardia Civil Caro Lería, conocido como el Capitán Caro,
destinado en la región para reprimir y buscar a los líderes de la huelga del
62. Tras el franquismo continuo su carrera militar como comandante de la
Guardia Civil en Málaga, vinculado además al intento de golpe de estado de
Tejero. El infiltrado de la BPS en Oviedo y salvaje torturador Antonio Garrido
fue nombrado jefe superior de policía por José Barrionuevo y recientemente ha
sido galardonado con el título de “Comisario Honorífico”. Otro policía de la
BPS, como Julio Bregón llegó a ser Director General de Interior en 2002. La
lista sería interminable, demostrando la deuda moral y legal que la democracia
tiene aún hoy con las víctimas del franquismo.
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